miércoles 19 de septiembre de 2018
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Las consecuencias del derrame de petróleo a 1

El mayor derrame sobre agua dulce analizado por Gastón López Alem.

El último informe respecto a las consecuencias de los efectos del derrame de petróleo ocurrido hace 18 años es de 2009, y como siempre fue realizado por la ONG ambientalista Ala Plástica.


Por:
Gastón López

El informe expresa en su carátula “MAGDALENA 15/01/99 – 15/01/09”  Informe Ala Plástica. Su título: “seguimiento del impacto del derrame de petróleo propiedad de la empresa Shell en la vegetación de la faja costera de Magdalena a partir de trabajo de campo y utilización de sensores remotos y SIG”.

Ala Plástica es una organización ambientalista que trabaja arduamente en región y Latinoamérica fue quien asesoró al municipio y pobladores sobre la situación que se atravesaba tras el impacto del petróleo en la costa magdalenense, manifestaron a las horas del siniestro que "la magnitud del impacto fue suficientemente severa como para alterar el ecosistema y producir efectos de larga duración " y que se debía exigir a Shell reparar los daños al ecosistema ocasionados por el derrame de hidrocarburos.

Ala Plástica logró años atrás que un estudio elaborado por la Red de Ecología Social alcanzara el tratamiento en la Asamblea Anual de Shell en La Haya junto a otros cinco casos que involucran a la compañía Shell en contaminaciones en el mundo.

Las conclusiones que llega el estudio que abarca diez años de observaciones dice: “Los resultados permiten evidenciar una transformación de las condiciones ambientales en una zona del litoral.

El nivel de la transformación producto de la magnitud del impacto, en este periodo de

10 años aparentemente conduce hacia un nuevo nivel de equilibrio dominado por la presencia de especies arbustivas y arbóreas en detrimento de las especies de juncales, césped ribereño, espadañales.

La erosión y el comportamiento de la primera línea de costa, principalmente la barrera de juncal es la más alterada por el derrame. Esta primera línea de costa tiende a desaparecer en la nueva situación.

Los resultados encontrados con este monitoreo, conducen a la formulación de las siguientes hipótesis:

  1. a) la magnitud del impacto fue suficientemente severa como para alterar el ecosistema y conducirlo a una nueva situación de equilibrio y en esta situación tendera a la estabilidad, con el predominio de especies arbustivas y arbóreas y la reducción de un área litoral de ecosistemas de juncales y césped ribereño.
  2. b) los efectos del impacto son de larga duración, por tanto el sistema aún presenta variaciones de distinta intensidad.
  3. c) Por el nivel del impacto, alteración y modificación de la vegetación, deber existir un impacto asociado en la fauna fundamentalmente por cambios en el hábitat, independientemente del impacto directo del derrame, suponiendo que las poblaciones pudieran recomponerse es pensable que hay una modificación de las poblaciones según las variaciones de los hábitat en el área.

Definitivamente la alteración del sistema debido a la magnitud del impacto no ha podido ser revertida en un periodo de 10 años. Por tanto, es necesario profundizar los trabajos de campo para poder evaluar hacia donde evoluciona el ecosistema costero e identificar posibles acciones para minimizar las alteraciones no deseables.

En base a estos resultados preliminares se va a continuar investigando sobre los cambios en la vegetación de la zona.

Necesariamente se deben realizar actividades de manejo del sistema para tender hacia una situación similar a la anterior al derrame.

Las actividades culturales de manejo y por tanto las actividades productivas de los habitantes de la zona, se han visto alteradas en este periodo y fundamentalmente en el mediano plazo, resulta necesario entonces un programa de manejo ambiental del territorio que se construya en forma participativa y con la información científica relevante para orientar adecuadamente el proceso”.

Por su parte la empresa Shell expresaba en su reporte 2008 a los accionistas sobre la situación en Magdalena, lo siguiente: “El 15 de enero de 1999, el buque Estrella Pampeana, propiedad de Shell, fue colisionado por el buque portacontenedores Sea Paraná, a raíz de la pérdida de la gobernabilidad de ese buque. El impacto que recibió el buque de Shell abrió un rumbo en uno de sus tanques y parte de la carga de petróleo crudo que transportaba se derramó al Río de La Plata. Inmediatamente, Shell desplegó un Plan de Contingencia que permitió recuperar parte del petróleo crudo de las aguas. El plan desplegado había sido especialmente diagramado para dar respuesta a situaciones inesperadas como ésta. Así se consiguió que no se produjeran mayores efectos ni impactos sobre medios naturales. Lamentablemente, en este caso y por una fuerte tormenta acaecida en horas posteriores al incidente, se afectaron los trabajos de contención en el río, por lo que el petróleo impactó parcialmente las costas de la ciudad de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, se debió poner en práctica un Plan de Tratamiento de la Línea Costera, preparado por científicos argentinos e internacionales, que posibilitó aplicar los criterios y las técnicas más avanzadas para la recuperación de costas afectadas por este tipo de derrames. El plan, además, fue presentado ante las autoridades competentes. Luego de las tareas realizadas se efectuó por tres años un monitoreo de las costas, ejecutado en coordinación con las autoridades, donde se constató la recuperación de la zona impactada.

Las costas de la ciudad de Magdalena quedaron totalmente limpias y recuperadas del derrame ocurrido hace casi diez años. Aún así, a pesar del accionar positivo desplegado por Shell y la total restauración de las zonas impactadas, se promovieron reclamos por parte de terceros ante la Justicia Federal de la ciudad de La Plata, incluso por la Municipalidad de Magdalena. Conforme lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 19 de noviembre de 2002 (y fue reiterado el 26 de abril de 2005 y nuevamente el 3 de mayo de 2007), la Justicia Federal de la ciudad de La Plata dejó de tener competencia para entender sobre aquellos reclamos, siendo finalmente competente la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires la que deberá tramitar y resolver todas estas causas. Más allá de los procesos judiciales mencionados, algunos reclamos promovidos por personas afectadas (junqueros, comerciantes, pescadores) fueron afrontados por los aseguradores llegando a un acuerdo conciliatorio por el cual se abonaron importes indemnizatorios sobre pautas razonables que permitieron considerar y evaluar los aspectos objetivos de dichos reclamos. En este sentido, se llegó a un acuerdo con la Municipalidad de Magdalena, el cual será sometido a homologación judicial. Asimismo, existen en trámite otros juicios, algunos totalmente infundados y que han tomado estado público a través de los medios de comunicación que responden, probablemente, a acciones impulsadas por interesados en abultar dichas pretensiones con la finalidad de reclamar honorarios judiciales.

 

El plebiscito no vinculante

El domingo 17 de mayo de 2009 se convocó a los ciudadanos de Magdalena a un plebiscito no vinculante para aceptar o rechazar el acuerdo extrajudicial entre el municipio y la empresa Shell por el que la petrolera abonaría un resarcimiento de US$ 9,5 millones, además de asesoramiento tecnológico, legal y ambiental para el desarrollo de tres iniciativas: la instalación de un parque industrial, una planta de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios y un plan de desarrollo turístico para la zona ribereña.

Para esta elección se convocó a los ciudadanos empadronados en la elección del 28 de octubre de 2007, ya que era el vigente pues la próxima elección con padrón actualizado sería convocada para el 28 de junio de 2009.

Al 2007 figuraban 12.492 electores habilitados a sufragar, el escrutinio registró 2.823 votos emitidos, de los cuales 2.156 (77%) votaron por el SI y 660 (23%) por el NO y se registraron 7 votos en Blanco. La participación en la consulta fue del 22,60% del padrón, es decir que alrededor de 8 votantes sobre 10 no participó o no le interesó la convocatoria.

 

Un litigio que no se cerró

Leonardo Fediuk, abogado y vecino de Magdalena, presentó en el mes de junio de 2009 un escrito atacando el acuerdo suscripto entre Municipalidad de Magdalena y Shell Capsa por el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 1999 en aguas del Río de La Plata.El escrito fue presentado por ante el  Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 3 a cargo del Dr Roberto Raúl Torti en el expediente caratulado “MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA c/ SHELL C.A.P.S.A. y otros s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (Expediente Nº 31.810 antes 15.795)

Fediuk fue patrocinado por Dr. Mariano J. Aguilar (director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas) invocó el artículo 30 de la ley 25675 y el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en los artículo 41 y 43 de la Constitución Nacional.

Apoyó su presentación indicando que el supuesto acuerdo celebrado entre el Municipio y Shell es nulo y no podía ser homologado por  ser violatorio de normativas de orden público que surgen de la ley del Medio Ambiente (art. 28 de la ley 25.675) y que quedó probado esto con el propio acuerdo porque el monto a abonarse  “no será destinado a la reparación del daño ambiental generado sino a las arcas municipales”.

Mariano Aguilar es doctor en leyes y pertenece a la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia, “Nosotros estamos en contra de todo: es el único juicio en el cual un vecino está defendiendo el ambiente contra el municipio y la empresa contaminante.”

Este abogado ambientalista, junto a Leonardo Fediuk se metieron en el expediente cuando el Juez que lleva la causa estaba por homologar el acuerdo extra judicial entre el municipio de Magdalena y Shell.

La empresa petrolera demandada había ofrecido “sin reconocer los hechos” (sic) 9.500.000 dólares para intentar dar por cerrado el caso. Mediante un plebiscito el acuerdo se puso a consideración de la ciudadanía. Unos tres mil habitantes de Magdalena - sobre doce mil habilitados para votar- se presentaron en las urnas y más del 70 por ciento aceptó el ofrecimiento que propuso Shell. Una vez aprobado el acuerdo por el Concejo Deliberante y los letrados intervinientes, las obligaciones del acuerdo entrarían en vigencia.

Una vez abonada la suma de 9.500.000 dólares el municipio desistirá de los procesos iniciados, y del derecho ejercido en los expedientes judiciales, manifestando no tener nada más que reclamar a la empresa petrolera.

Para Aguilar “es un despropósito pensar que ese convenio tenga validez” y sin escatimar palabras acentúa: “estamos frente a una de las barbaridades jurídicas más grande que he visto en mi vida. Una vez que empiece el juicio verdadero, que nunca se hizo, para debatir cual es el daño real personalmente estoy convencido de la verdad, del ambiente y tengo la seguridad de que esto va a caminar bien”.

 

Rechazan impugnación al acuerdo entre Shell y la Municipalidad

Desde la Dirección de Cultura y Prensa de la Municipalidad de Magdalena se comunicó mediante una gacetilla de prensa y bajo el título “Avanza la aprobación judicial del acuerdo con Shell” que “El Juzgado Civil y Comercial Federal 3 de Capital Federal dictó una Resolución, el pasado 7 de marzo de 2016, en la que rechazó la impugnación al acuerdo interpuesta por un vecino de la localidad luego de su aprobación por parte del Concejo Deliberante.

En sus consideraciones, el Juzgado interviniente tuvo en cuenta que el acuerdo fue sometido a una consulta popular, la que avaló el mismo con el 77% de votos favorables, y el consiguiente dictado de la Ordenanza 2603/09, aprobada por unanimidad.

También tomó en cuenta los informes periciales favorables producidos por el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), que reconocieron la recuperación ambiental de las áreas afectadas por el derrame.

Consecuentemente el Juez dictó Resolución rechazando el planteo de impugnación efectuado por un vecino del Distrito, contrariamente a la voluntad mayoritaria expresada oportunamente en la Consulta Popular efectuada.

De no ser cuestionada esta Resolución ante la Cámara de Apelaciones el Juzgado se deberá aprestar a resolver la homologación (aprobación judicial) del acuerdo, para que así se produzca el pago de la indemnización prevista en el convenio, por la suma de nueve millones y medio de dólares” finaliza el comunicado municipal.

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